En 2016, once antiguos empleados sirios y dos ONG presentaron una demanda ante los tribunales franceses contra Lafarge, una empresa cementera, por supuestos abusos cometidos en Siria por su filial. Lafarge está acusada de complicidad en crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, financiamiento de una empresa terrorista y trabajo forzoso. La demanda sigue en curso.

En noviembre de 2016, once antiguos empleados sirios y dos ONG presentaron una demanda en Francia contra la empresa cementera Lafarge por supuestos abusos cometidos en Siria por su filial, Lafarge Cement Syria (LCS).

Lafarge está acusada de complicidad en crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, financiamiento de una empresa terrorista, poner en peligro la vida de personas de forma deliberada y trabajo forzoso. Estas acusaciones se basan en hechos ocurridos entre 2011 y 2014, cuando Lafarge decidió mantener sus actividades empresariales en Siria en plena guerra civil. Para ello, la empresa supuestamente adquirió materias primas a diversos grupos yihadistas, entre ellos, a ISIS (Estado Islámico de Irak y el Levante) y al parecer negoció el paso seguro de su personal y productos a cambio de compensaciones por valor de 13 millones de euros.

En 2015, Lagarge se fusionó con Holcim. Lafarge-Holcim anunció inmediatamente después que su filial Lafarge SA apelaría, en un esfuerzo por impugnar "unos delitos que no son un fiel reflejo de su responsabilidad". La parte demandante pide ahora la apertura de un fondo de compensación para todos los antiguos trabajadores de LCS y sus familias. En octubre de 2018, los magistrados encargados de la investigación incautaron parte de las indemnizaciones por cese de los antiguos ejecutivos de Lafarge, aproximadamente 2 475 millones de euros.

En junio de 2017, el ministerio público de París abrió una investigación por financiamiento del terrorismo. El 28 de junio de 2018, los jueces de instrucción franceses imputaron a Lafarge por complicidad en crímenes de lesa humanidad. Citó como acusados al propio grupo Lafarge (que posee el 98% de las acciones de LCS), a su filial siria, a dos antiguos altos ejecutivos de aquel momento (Bruno Lafont, yBruno Pescheux) y a su actual director ejecutivo (Frédéric Jolibois).

En octubre de 2019, el tribunal de apelación de París desestimó la petición de dos ONG de ser reconocidas como parte civil. El 7 de noviembre de 2019, un tribunal de apelación francés retiró los cargos de crímenes de lesa humanidad contra la empresa. Sherpa y el ECCHR tienen previsto apelar ante al tribunal supremo.