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Artículo

23 Nov 2022

Autor:
CAJAR; TNI

Colombia: ONG presentan informe sobre demandas de arbitraje contra la nación por empresas transnacionales

Canva

…El informe publicado este 22 de noviembre tiene como contexto las expectativas que han surgido con el actual gobierno de Gustavo Petro de revisar los Tratados de Libre Comercio y de Inversiones de Colombia. Una necesidad apremiante teniendo en cuenta que, en la actualidad, Colombia enfrenta 20 demandas de trasnacionales, 13 aún pendientes de resolución, que en conjunto podrían costar 9,8 billones del presupuesto de la nación, la mitad de la reforma tributaria.

Estas demandas tienen repercusiones directas en las vidas de las personas y las comunidades. Si un Estado decide proteger un ecosistema o el acceso a un medicamento, o dicta una política de redistribución para las capas más pobres que implique impuestos a empresas trasnacionales, termina demandado en tribunales que no se rigen por el sistema internacional de los derechos humanos y actúan abiertamente parcializados en favor de las empresas. Esta clase de disputas e incluso la sola amenaza de la demanda produce un efecto disuasorio o de enfriamiento. Para evitar millonarias indemnizaciones, los Estados terminan cediendo los derechos de su ciudadanía.

Esto ya sucedió en el caso del gigante farmacéutico suizo Novartis cuando en 2015 Colombia declaró un medicamento contra el cáncer de interés público para reducir su precio, Novartis amenazó con demandar ante un tribunal de arbitraje internacional y el Gobierno desistió de tocar el monopolio.

El 50% de estas demandas provienen del sector minero y de hidrocarburos, y todas provienen de inversores de Estados Unidos, Canadá y Europa. También el sistema socava el sistema judicial nacional. Uno de los casos más relevantes es el de la transnacional Suiza Glencore que en 2021 demandó a Colombia por las decisiones de la Corte Constitucional que ordenaron proteger derechos al agua, a la seguridad alimentaria y a la salud de comunidades indígenas wayuu ante amenaza de la destrucción del Arroyo Bruno para expandir la mina de carbón a cielo abierto de Cerrejón, la más grande de América Latina. Esta es la tercera demanda de esta compañía contra Colombia.